La situación de la comunidad del Lote 67 hace más de 10 años se contradice con el “relato” de Insfrán
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La situación de la comunidad del Lote 67 hace más de 10 años se contradice con el “relato” de Insfrán

MANIFESTACIONES DE INTOLERANCIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL CONTRADICEN LO QUE AFIRMAN
En la visita del Relator Especial de la ONU sobre formas especiales y formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia, diversos representantes del gobierno provincial como el Presidente del ICA y el Presidente del Tribunal Superior enfatizaron la plena vida de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Sin embargo, la situación de la Comunidad hace más de 10 años contradice tales afirmaciones.
 
En el 2003, quienes conformamos hoy la Comunidad indígena QOM nos vimos obligados a establecernos en una porción del Lote 67 debido al notorio crecimiento de la población QOM  del Barrio Namqom y la insuficiencia de viviendas para la misma. Nuestra decisión no fue para injustificada sino sustentada  en nuestro vínculo espiritual y cultural con la Tierra habitad de nuestros ancestros y centro de nuestras actividades subsistencia  y religiosa. En sintonía, la Corte Interamericana concuerda que nuestras actividades son expresión de la posesión ancestral de las Comunidades Originarias.
 
En el mismo año, Víctor y Héctor Garavaglia se presentaron ante los tribunales locales contra la Municipalidad de la ciudad de Formosa sosteniendo que eran los titulares de  las 96 hectáreas del Lote 67, posesión ejercida por su familia durante 20 años. En principio, la Municipalidad de Formosa negó dicha posesión alegando que eran tierras fiscales. 
 
En el 2011, contradictoriamente la Municipalidad reconoció la condición de propietarios  de los lotes a los Garavaglia por medio de un acuerdo y el juzgado n°6 de la Ciudad de Formosa homologó el acuerdo, ordenó la escrituración e inscripción de las tierras. Lamentablemente a lo largo de este proceso civil, no hemos tenido oportunidad de ejercer nuestro derecho de consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la OIT vinculante para Argentina, tanto en la celebración del acuerdo y en la instancia homologatoria judicial y junto con ello se nos privó del Derecho a la Defensa.
 
También  se nos ha buscado desalojar del Lote por todos los medios y se han presentado múltiples denuncias por usurpación ante la Subcomisaria del Barrio Namqom aunque sin éxito.
 
En el 2012, los Garavaglia lograron la intervención del Defensor del Pueblo de Formosa a favor de los Derechos de Naturaleza Individual (propiedad individual y derecho al trabajo). Observamos que la actuación excedió sus competencias constitucionales: protección de Derechos de Incidencia Colectiva. 
Del 2012 a la fecha, nuestra comunidad ha sido sufrido amenazas contra la integridad física-psíquica incluyo con armas de fuego. Presentamos denuncias ante la Subcomisaría del Barrio Namqom pero fueron rechazadas alegando que es competencia del ICA. Lo cual nos significa clara discriminación y desconocimiento de los deberes del funcionario público.
 
En el 2015, los señores Garavaglia  quisieron  alambrar los lotes y se solicitó una nueva intervención del Defensor quien entró en contacto con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo. En respuesta, se envió un contingente de oficiales de las fuerzas policiales provinciales en un clima de creciente tensión que dejó sin efecto el alambrado. Encontramos aquí una nueva contradicción: el único medio válido para la demarcación de los territorios indígenas es mediante relevamiento técnico-jurídico catastral (ley 26.160) y el único facultado para la demarcación es el Gobierno Nacional coordinado con el ICA.
 
La Defensoría organizó una suerte de medicación ad hoc entre  las partes pero sin muchos avances. Días previos el Defensor expresó: “encontrar una salida entre los propietarios de un lote de aproximadamente 73 hectáreas (Lote 67) y todos los originarios que ascienden casi a un centenar de familias que desde hace años han ido usurpando unas 23 hectáreas” y en respuesta enfatizamos nuevamente que nuestros Derechos eran respaldados por la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos.
En el corriente año, nos reunimos junto a  nuestros abogados patrocinantes: Antonio de Anquín y Paula Alvarado con el Defensor y sus asesores letrados con para tratar: la falta de consulta previa, libre e informada en el proceso civil, el ejercicio de la posesión ancestral sobre el Lote 67 (96 hectáreas), llamado a una mesa de diálogo formada por miembros Poder Ejecutivo Local, Nacional,  de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Cámara de Diputados, y de la sociedad civil de la  para destrabar el conflicto. 
Logramos una reunión pero sólo participaron el presidente del Interbloque UCR-FAF, Victor Garavaglia, miembros de la Defensoría y nuestros representantes. Ese mismo día nos encontramos que se había informado el día pero no el horario de la reunión posible motivo de las ausencias. 
 
El día de dicha reunión el señor Garavaglia propuso la reubicación de la Comunidad en el Lote 33 bis mientras la Defensora Adjunta Portillo preguntó sobre la colocación de alambrado. Me limite a expresar que debía reunirme con toda la Asamblea de la Comunidad para analizar la propuesta y señalamos posibles dificultades por la relación tirante con la Comunidad que habita el lote 33 bis.
 
Allí expresamos nuestras propuestas: adquisición por parte del Estado Provincial de los terrenos e iniciación de un proceso de expropiación mediante un proyecto de ley de utilidad pública. 
 
Nuevamente hemos quedado con la impresión de falta de interés en analizar las propuestas, nuestros derechos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  y el relevamiento técnico-jurídico-catastral. La Corte Interamericana considera que la reubicación es la última opción luego de explorar todas las opciones existentes para garantizar el Derecho a la Tierra y a su vez, consideramos fundamental preservar nuestra vinculación espiritual, histórica y cultural con la tierra.
 
Finalmente, en  la  Asamblea Comunitaria rechazamos la reubicación y alambrado dando a conocer a la Defensoría e insistimos en la realización del relevamiento territorial del ICA y INAI y que el organismo nos apoye pero la única respuesta fue el silencio. Es así que acudimos  al INAI y al ICA pero tampoco sin una respuesta concreta y permanente postergaciones.
Insistimos en alcanzar una solución al conflicto con la participación del gobierno Nacional y Provincial para poner fin a esta pesadilla y vivir en un estado pluralista que nos garantice nuestro Derecho a la Tierra y al reconocimiento a la Dignidad Humana.
 
Por Caballero Juan Carlos
DNI 26091224
Presidente de la Comunidad Indígena QOM LOTE 67

 

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